Puerto Rico refuerza la protección a sus adultos mayores frente al abuso y la explotación financiera

Nuevos servicios legales, millones en fondos federales y una agenda de envejecimiento saludable buscan cerrarle el paso al maltrato, el fraude y la explotación financiera contra la población de mayor edad en la Isla.

Por Conecta Puerto Rico | Segmento Titulares de la Tarde

La protección de los adultos mayores se ha convertido en una de las prioridades más visibles de la agenda pública puertorriqueña esta semana, con anuncios que abarcan desde nuevos servicios legales hasta millones de dólares en fondos federales y una revisión profunda de las políticas de envejecimiento saludable en la Isla.

El Poder Judicial de Puerto Rico y la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico anunciaron la ampliación de servicios legales dirigidos a adultos mayores víctimas de abuso, con orientación y acompañamiento en casos de maltrato, órdenes de protección y violaciones de derechos. Los servicios estarán disponibles en Carolina, San Juan, Barceloneta, Manatí y Guaynabo, como parte de un esfuerzo conjunto para facilitar el acceso a la justicia a esta población vulnerable.

A ese esfuerzo se suma una inyección de fondos federales: el Departamento de Justicia anunció la asignación de $11.4 millones a través del Programa de Asistencia a Víctimas del Delito (VOCA) para fortalecer servicios de apoyo, intervención en crisis y acompañamiento a víctimas de violencia y criminalidad, incluidos los adultos mayores. La inversión busca ampliar la capacidad de respuesta de las organizaciones que ofrecen asistencia especializada en todo Puerto Rico.

Detrás de estos anuncios hay una preocupación puntual: la explotación financiera, descrita como una forma de maltrato silenciosa que rara vez ocurre a la vista pública. Se estima que entre 25 y 30 casos de fraude bancario contra adultos mayores se reportan cada mes en la Isla, muchos de ellos cometidos por personas del entorno familiar o de confianza de las víctimas. En respuesta, el Senado evalúa la creación de un programa de desvío para atender casos de explotación financiera cometidos por familiares, mientras que la Ley 118-2025, firmada este año, busca fortalecer la investigación y el procesamiento de estos delitos. Las instituciones bancarias, por su parte, están siendo llamadas a jugar un rol más activo como primera línea de detección de transacciones sospechosas.

El componente de aplicación de la ley también se refuerza sobre el terreno: el Departamento de Justicia desplegó coordinadoras especializadas en Bayamón, San Juan, Ponce y Aguadilla, los cuatro distritos que registraron el mayor aumento de crímenes contra adultos mayores durante el último año, según cifras de febrero de 2026. La medida busca fortalecer la orientación, atención y coordinación de servicios para víctimas de maltrato, fraude y explotación en las regiones más afectadas.

Más allá de la respuesta ante el delito, Puerto Rico también avanza en una agenda de envejecimiento saludable a más largo plazo. Junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el país fortalece sus políticas de cuidado a largo plazo mientras crece su población de adultos mayores. La Junta de Supervisión Fiscal autorizó $199.4 millones para servicios dirigidos a esta población durante el año fiscal 2026, incluyendo $18.1 millones para servicios de ama de llaves y $15 millones para programas municipales. A esto se suma la presentación del Plan Estratégico 2026-2030 para el Alzheimer y las demencias relacionadas, orientado a mejorar la prevención, el diagnóstico y el apoyo a las familias cuidadoras.

El sistema responde, con inversión y nuevas estructuras de protección. La pregunta que queda flotando —y que motiva buena parte de estas medidas— es si ese esfuerzo alcanza el ritmo al que crece la población de mayor edad y sus necesidades en Puerto Rico.