¿Proteger o exponer?: la enmienda propuesta al Proyecto del Senado 1301 y el debate que Puerto Rico no puede ignorar

Por Conecta Puerto Rico | Segmento #EnVozAlta

Una medida que nació con la intención de proteger a los menores está generando más preguntas que respuestas. El Proyecto del Senado 1301, impulsado por la senadora Brenda Pérez Soto, propone enmendar la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente para permitir que padres y tutores soliciten la grabación en audio y video de sesiones terapéuticas individuales de menores. En En Voz Alta de Conecta Puerto Rico, tres expertas se sentaron frente al micrófono para responder la pregunta que casi nadie se está haciendo en voz alta: ¿qué ocurre cuando quien quiere ver esa grabación es precisamente quien hace el daño?

La terapia funciona porque el menor sabe que lo que dice no sale de esa sala

La Dra. Marilia Padua, psicóloga clínica con años de experiencia en espacios terapéuticos con niños y adolescentes, fue la primera en poner el escenario clínico sobre la mesa. Establecer una alianza terapéutica con un menor no es automático ni sencillo. Hay niños con quienes se conecta desde la primera sesión y otros que requieren semanas de terapia de juego antes de sentirse seguros. Si en ese proceso el menor descubre que hay una cámara grabando, ese espacio seguro que el terapeuta tardó semanas en construir puede derrumbarse en segundos.

La Ley 408 y la Ley IPA —los marcos normativos que regulan la salud mental en Puerto Rico— reconocen ese momento de apertura como algo que merece protección diferenciada. De hecho, un menor de 14 años tiene derecho a recibir hasta seis sesiones terapéuticas sin autorización de sus padres, precisamente para protegerlo en casos donde el peligro proviene del entorno familiar.

"Con este proyecto, si un joven fue abusado por su papá y viene a buscar ayuda, yo tendría que pedir autorización para atenderlo. ¿A quién le voy a pedir esa autorización? Al agresor",señaló la Dra. Marilia Padua.

La psicóloga también alertó sobre un efecto menos visible pero igualmente preocupante: los padres que vean grabaciones donde el terapeuta y el menor simplemente juegan podrían cuestionar la validez del proceso, sin entender que el juego terapéutico es, precisamente, la herramienta de conexión. Y si un padre con dinámicas de control obtiene acceso a las herramientas que el terapeuta le enseña al menor para protegerse, esas herramientas dejan de funcionar.

Lo que el proyecto no responde: las brechas legales que preocupan

La Lcda. Patricia Morales Chardón, abogada especialista en derechos de los menores y derecho de familia, entró al análisis desde un ángulo que el proyecto claramente no anticipó. La patria potestad, explicó, es un derecho inherente de los padres que les da acceso a la información médica, escolar y de salud de sus hijos. Y el Proyecto 1301, en su redacción actual, no contempla ninguna excepción.

Eso significa que un padre con una orden de protección vigente en su contra bajo la Ley 57 —que protege a menores víctimas de maltrato o abuso sexual— podría igualmente solicitar las grabaciones de las sesiones terapéuticas de ese mismo menor, porque la orden de protección no limita la patria potestad.

"El proyecto no contempla ninguna exclusión. Aún con una orden de protección vigente, ese padre tiene, como quiera, acceso a la información. Y las grabaciones pasarían a formar parte del expediente",explicó la Lcda. Morales Chardón.

Las brechas no terminan ahí. El proyecto tampoco especifica quién custodia las grabaciones, quién tiene acceso a ellas, por cuánto tiempo se conservan ni qué se considera "uso administrativo" de ese material. En un contexto donde la inteligencia artificial puede manipular video con facilidad, la licenciada advirtió que estas grabaciones podrían convertirse en un problema serio dentro de los propios tribunales: una grabación obtenida legalmente por un padre, alterada digitalmente y presentada como evidencia.

Su veredicto sobre el proyecto fue directo: "Lo que le falta para proteger realmente al menor es que no lo aprueben."

La población con autismo: vulnerable por partida doble

Joyce Dávila Paz, directora de la Alianza de Autismo de Puerto Rico —una de las organizaciones que rechazó formalmente el proyecto— explicó por qué esta medida es particularmente peligrosa para los menores con autismo y otras condiciones de neurodesarrollo.

En una población donde la confianza terapéutica puede tardar meses o años en construirse, la sola presencia de una cámara activa un estado de alerta e hipervigilancia que interrumpe el proceso. Los menores con autismo de mayor funcionamiento cognitivo enmascaran sus conductas cuando sienten que están siendo observados; los de menor funcionamiento no procesan el contexto de la grabación, pero sí perciben la ansiedad que genera el cambio en la dinámica.

"Eso es un disuasivo de abrirse con el terapeuta. Por lo menos yo, personalmente, y soy una adulta sin autismo, lo pensaría dos veces antes de sincerarme si no sé en manos de quién puede caer esa grabación",expresó Joyce Dávila Paz.

La Alianza propone alternativas que no comprometen la privacidad del menor: supervisión clínica remota por parte de un profesional superior en casos de sospecha fundada, la figura del procurador de menores cuando los intereses del menor y del padre están en conflicto directo, y mecanismos de verificación de tiempo en sesión —como registro de entrada y salida— que no requieren grabar el contenido de la terapia.

Dávila Paz también puso en perspectiva la magnitud del problema que enfrenta esta población: cuando la Alianza comenzó hace 22 años, la prevalencia del autismo era de uno en cada 199 niños. Hoy es de uno en cada 21 niños de cuatro años.

La pregunta que queda en el aire

Las tres voces del panel coincidieron en algo fundamental: la intención detrás del Proyecto 1301 puede ser legítima, pero su redacción actual no distingue entre el padre que protege y el padre que controla. Y en ese vacío legal, el instrumento pensado para cuidar a los menores puede convertirse en la herramienta más poderosa en manos de quien los daña.

La senadora Brenda Pérez Soto, autora del proyecto, fue contactada para participar en el panel y confirmó que estará disponible próximamente para presentar los argumentos que la llevaron a proponer esta enmienda. Conecta Puerto Rico le dará ese espacio.

Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿puede Puerto Rico legislar sobre la salud mental de los niños sin garantizar primero que el sistema no los expondrá a quienes les hacen daño? Los menores merecen protección. Pero la protección real comienza por garantizarles un espacio donde puedan hablar sin miedo. Eso no lo puede hacer ninguna cámara.

La Dra. Marilia Padua ofrece servicios en Mindset Psychological & Consultant Group en Ponce. Para citas, llama al 939-835-7257.

La Lcda. Patricia Morales Chardón puede ser contactada en Instagram como @licenciadamoraleschardon y en Facebook como Licenciada Patricia Morales Chardón.

La Alianza de Autismo de Puerto Rico puede ser encontrada en alianzaautismo.com, en Facebook como Alianza Autismo de Puerto Rico y en Instagram con más de 125,000 seguidores.

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